El Gobierno está dispuesto a analizar diferentes políticas de estímulo, de compensación, de créditos para el sector, sin que esto signifique discutir sectorialmente el valor de las retenciones, el tipo de cambio o las tasas de interés, las cuales toman la forma de políticas de Estado.
Las retenciones móviles son un instrumento de intervención eficiente del sector publico, y reconoce un avance importante respecto al esquema de retenciones fijas en cuanto brinda un horizonte de mayor previsibilidad para quien produce y permite mantener en ciertos márgenes los precios internos de los productos de consumo o que abastecen a otros eslabones de las cadenas alimentarias. No puede soslayarse el hecho que por primera vez también se incorpora la posibilidad de la baja ante modificaciones de precios internacionales en tal sentido lo que permitiría amortiguar los impactos negativos en caso de una baja imprevista.
Es una falacia que las retenciones quitan rentabilidad ya que operan sobre ganancias extraordinarias, originadas en el aumento de los precios internacionales y que no guardan relación con los costos incurridos en el momento de la toma de la decisión económica de producir (ver cuadros anexos).
Por el incremento de los precios internacionales en el periodo 2.006/07, aun con el mecanismo de las nuevas retenciones móviles, la rentabilidad promedio de los principales cultivos es un 40% superior, tomando en cuenta los precios vigentes. El crecimiento de los costos en ningún caso ha alcanzado dichos niveles medidos en dólares.
Si se hace una comparación del poder de compra relativo entre la Argentina y Brasil, aún después del nuevo esquema de retenciones, la rentabilidad de los productores de soja de Argentina está un 16% por encima de los números de los productores de soja brasileños.
Las retenciones son un instrumento indispensable para aislar los precios internos de los precios internacionales y por tanto mantener niveles adecuados de incremento de los mismos. Tanto porque son productos de alto consumo para el conjunto de la población como por el efecto sobre otras cadenas alimentarias de los que no son de consumo final (alimento para aves y ganado con la soja).
No menos importante es el hecho que permite reordenar las diversas producciones en el territorio nacional constituyéndose en un regulador para garantizar la continuidad de cadenas productivas como la cárnica o la lechera constantemente desplazadas por el crecimiento de la frontera agrícola, en particular por el efecto de la soja, cultivo que cuando toma la forma de monoproducción es un elemento que despuebla el campo generando mayores flujos migratorios hacia los centros urbanos.
Adicionalmente, el nuevo esquema estimula la generación de valor agregado a partir de la ampliación de la brecha de los Derechos de Exportación entre productos primarios y manufacturados, generando los incentivos para exportar proteínas en lugar de granos, lo que significa empleo e ingresos para la economía argentina.
La actividad agropecuaria también es beneficiaria de las transferencias que realiza el Estado y que les permite obtener un combustible barato aislado del constante incremento del precio del barril que hoy llega a los U$S 100, o por vía del mantenimiento de las tarifas eléctricas o vía compensaciones directas pagadas en el caso del trigo, los feed lots o la leche.
El reconocimiento de las diversas realidades al interior de las distintas actividades es explicito de parte de este gobierno, la creación de una Subsecretaria de Desarrollo Rural, la asistencia directa de mas de $ 500 millones para la agricultura familiar por vía del Programa Social Agropecuario, de $ 50 millones del Programa Desarrollo del Noreste (PRODERNEA), de mas de $ 15 millones del Programa de Desarrollo del Noroeste (PRODERNOA), mas de $ 600 millones en obras de infraestructura publica asignados por el PROSAP (Programa Agropecuario Provincial), mas de $ 200 millones destinados al Plan Ganadero y los distintos programas como Ley ovina y ley caprina por $ 32 millones por año, ley forestal $ 44 millones en 2007,algodón $ 50 millones, Fondo Especial del Tabaco $ 400 millones, el programa de subsidio de tasa de la SAGPyA que implicó un volumen de créditos por $ 490 millones otorgados por el Banco Nación y los bancos provinciales (Refinanciación de pasivos, lechería, ganadería, porcinos avicultura, etc.), además de los programas específicos de economías regionales como la fruticultura del valle o la horticultura periurbana, son un ejemplo claro de tal conducta.
Adicionalmente se está trabajando tanto en solucionar cuestiones que impactan directamente sobre los costos de producción como es la reducción del precio de los fertilizantes y/o el otorgamiento de subsidios para semillas certificadas; como en el estudio de medidas específicas para promover producciones regionales (manzanas, peras, algodón, etc.).
Todo ello sin considerar las medidas centrales de política macroeconómica que han beneficiado particularmente al sector:
la licuación de sus pasivos por vía de la pesificación asimétrica post devaluación y la posterior renegociación de las deudas pendientes, fundamentalmente con los Bancos Nación y Provincia de Buenos Aires.
la suspensión dispuesta por el Estado de los remates de los campos
la propia devaluación que les permitió durante al menos dos temporadas producir con costos en pesos y vender su producción en dólares (sin retenciones)
Y fundamentalmente la decisión política del gobierno de mantener un Tipo de Cambio Competitivo que les ha permitido en todo momento apropiarse de una rentabilidad en dólares mayor a la de cualquier sector productivo y que continua hoy, aun con el nuevo esquema de retenciones. (ver cuadros anexos). En el marco de esta decisión política, sin la política de retenciones y compensaciones, el tipo de cambio alto y competitivo se derrumbaría, arrastrando en ese caso la rentabilidad del sector.
En momentos de problemas, la dirigencia sectorial es pro estado y pide protección, cuando sus beneficios son importantes, en buena medida por decisiones del propio Estado, se convierten en profetas del libre mercado. El bienestar general de una sociedad necesita conductas más reflexivas y permanentes de los diversos actores sociales.
Las retenciones móviles son un instrumento de intervención eficiente del sector publico, y reconoce un avance importante respecto al esquema de retenciones fijas en cuanto brinda un horizonte de mayor previsibilidad para quien produce y permite mantener en ciertos márgenes los precios internos de los productos de consumo o que abastecen a otros eslabones de las cadenas alimentarias. No puede soslayarse el hecho que por primera vez también se incorpora la posibilidad de la baja ante modificaciones de precios internacionales en tal sentido lo que permitiría amortiguar los impactos negativos en caso de una baja imprevista.
Es una falacia que las retenciones quitan rentabilidad ya que operan sobre ganancias extraordinarias, originadas en el aumento de los precios internacionales y que no guardan relación con los costos incurridos en el momento de la toma de la decisión económica de producir (ver cuadros anexos).
Por el incremento de los precios internacionales en el periodo 2.006/07, aun con el mecanismo de las nuevas retenciones móviles, la rentabilidad promedio de los principales cultivos es un 40% superior, tomando en cuenta los precios vigentes. El crecimiento de los costos en ningún caso ha alcanzado dichos niveles medidos en dólares.
Si se hace una comparación del poder de compra relativo entre la Argentina y Brasil, aún después del nuevo esquema de retenciones, la rentabilidad de los productores de soja de Argentina está un 16% por encima de los números de los productores de soja brasileños.
Las retenciones son un instrumento indispensable para aislar los precios internos de los precios internacionales y por tanto mantener niveles adecuados de incremento de los mismos. Tanto porque son productos de alto consumo para el conjunto de la población como por el efecto sobre otras cadenas alimentarias de los que no son de consumo final (alimento para aves y ganado con la soja).
No menos importante es el hecho que permite reordenar las diversas producciones en el territorio nacional constituyéndose en un regulador para garantizar la continuidad de cadenas productivas como la cárnica o la lechera constantemente desplazadas por el crecimiento de la frontera agrícola, en particular por el efecto de la soja, cultivo que cuando toma la forma de monoproducción es un elemento que despuebla el campo generando mayores flujos migratorios hacia los centros urbanos.
Adicionalmente, el nuevo esquema estimula la generación de valor agregado a partir de la ampliación de la brecha de los Derechos de Exportación entre productos primarios y manufacturados, generando los incentivos para exportar proteínas en lugar de granos, lo que significa empleo e ingresos para la economía argentina.
La actividad agropecuaria también es beneficiaria de las transferencias que realiza el Estado y que les permite obtener un combustible barato aislado del constante incremento del precio del barril que hoy llega a los U$S 100, o por vía del mantenimiento de las tarifas eléctricas o vía compensaciones directas pagadas en el caso del trigo, los feed lots o la leche.
El reconocimiento de las diversas realidades al interior de las distintas actividades es explicito de parte de este gobierno, la creación de una Subsecretaria de Desarrollo Rural, la asistencia directa de mas de $ 500 millones para la agricultura familiar por vía del Programa Social Agropecuario, de $ 50 millones del Programa Desarrollo del Noreste (PRODERNEA), de mas de $ 15 millones del Programa de Desarrollo del Noroeste (PRODERNOA), mas de $ 600 millones en obras de infraestructura publica asignados por el PROSAP (Programa Agropecuario Provincial), mas de $ 200 millones destinados al Plan Ganadero y los distintos programas como Ley ovina y ley caprina por $ 32 millones por año, ley forestal $ 44 millones en 2007,algodón $ 50 millones, Fondo Especial del Tabaco $ 400 millones, el programa de subsidio de tasa de la SAGPyA que implicó un volumen de créditos por $ 490 millones otorgados por el Banco Nación y los bancos provinciales (Refinanciación de pasivos, lechería, ganadería, porcinos avicultura, etc.), además de los programas específicos de economías regionales como la fruticultura del valle o la horticultura periurbana, son un ejemplo claro de tal conducta.
Adicionalmente se está trabajando tanto en solucionar cuestiones que impactan directamente sobre los costos de producción como es la reducción del precio de los fertilizantes y/o el otorgamiento de subsidios para semillas certificadas; como en el estudio de medidas específicas para promover producciones regionales (manzanas, peras, algodón, etc.).
Todo ello sin considerar las medidas centrales de política macroeconómica que han beneficiado particularmente al sector:
la licuación de sus pasivos por vía de la pesificación asimétrica post devaluación y la posterior renegociación de las deudas pendientes, fundamentalmente con los Bancos Nación y Provincia de Buenos Aires.
la suspensión dispuesta por el Estado de los remates de los campos
la propia devaluación que les permitió durante al menos dos temporadas producir con costos en pesos y vender su producción en dólares (sin retenciones)
Y fundamentalmente la decisión política del gobierno de mantener un Tipo de Cambio Competitivo que les ha permitido en todo momento apropiarse de una rentabilidad en dólares mayor a la de cualquier sector productivo y que continua hoy, aun con el nuevo esquema de retenciones. (ver cuadros anexos). En el marco de esta decisión política, sin la política de retenciones y compensaciones, el tipo de cambio alto y competitivo se derrumbaría, arrastrando en ese caso la rentabilidad del sector.
En momentos de problemas, la dirigencia sectorial es pro estado y pide protección, cuando sus beneficios son importantes, en buena medida por decisiones del propio Estado, se convierten en profetas del libre mercado. El bienestar general de una sociedad necesita conductas más reflexivas y permanentes de los diversos actores sociales.
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